ANTE EL ANUNCIO DE JUDICIALIZACIONES MASIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Senado de la República

CONSTANCIA

ANTE EL ANUNCIO DE JUDICIALIZACIONES MASIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, CONTENIDO EN EL INFORME DE INTELIGENCIA DEL EJÉRCITO MD-EJC-CIME-RIME6-53.1

Acogiéndome a la denuncia que ha entregado a la opinión pública nacional e internacional el MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO, MOVICE, dejo expresa constancia de la profunda preocupación que genera el conocimiento de un Informe de Inteligencia Militar, distinguido con el radicado MDEJCCIMERIME653.1 de fecha 12 de febrero de 2008, tendiente a judicializar a numerosos dirigentes sociales y políticos de oposición con domicilio en el departamento de Caquetá, bajo la supuesta sindicación de ser “integrantes de la red de apoyo del Frente Amazónico de las FARC-EP”.

Con fundamento en estas operaciones militares, han sido detenidas numerosas personas, como aconteció con la detención masiva de 72 ciudadanos en Cartagena del Chaira el 7 de septiembre de 2003; 21 en mayo de 2008 y 7 en enero del presente año 2009, que en su oportunidad igualmente lo denuncié ante la Plenaria de este Organismo Legislativo.

Entre las personas a las que hace alusión en el citado informe, se encuentran varios integrantes del Capítulo del MOVICE en el Departamento del Caquetá; el Presidente de la Corporación “Caguán Vive”, abogados de presos políticos, profesores de la Universidad de La Amazonía , miembros afiliados a organizaciones sociales como ASOTAXIS, ASOGRICAK, FENSUAGRO, el presidente regional de ASPU, ASODEMCA, de la JUCO , del Polo Democrático Alternativo y del Partido Liberal; así como varios candidatos a las alcaldías en la región, exconcejales y candidatos a las asambleas municipales.

A esta arremetida contra el Movimiento Popular de la región se suma el encarcelamiento en tres ocasiones del exalcalde de Cartagena del Chairá y miembro de la Unión Patriótica , VÍCTOR OIME y el asesinato del defensor de derechos humanos y promotor del MOVICE en la región JOEL PÉREZ CÁRDENAS el 8 de diciembre del año 2008, en una zona totalmente militarizada por las fuerzas armadas del Estado.  

Como lo ha relatado la organización Human Rights Watch , en su informe de febrero de 2009:

“Es común que se realicen las investigaciones clandestinamente durante meses o años antes de detenerlos ilegalmente. Dos de los aspectos distintivos de los casos en contra de defensores de DDHH, son el uso de testimonio falso de excombatientes y el uso de archivos de inteligencia inadmisibles. Los cargos suelen basarse en alegaciones espurias de exguerrilleros cuyo testimonio ha sido preparado o coaccionado por los fiscales regionales. Desde luego, frecuentemente los fiscales y otros públicamente juzgan a los defensores aún sólo con ese tipo de evidencia errónea, lo que obviamente no basta para un proceso penal justo, llevando a un fuerte señalamiento de los defensores como terroristas.”

Lo grave de este hecho, es que el citado informe se ha conocido en plena preparación de la AUDIENCIA PÚBLICA POR LA VERDAD , que tendrá lugar el próximo sábado 9 de mayo en la ciudad de Florencia, convocada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, que será acompañada por organizaciones defensoras de DDHH nacionales e internacionales y en  la que se van a recibir los testimonios y las denuncias sobre las graves violaciones a los DDHH que de tiempo atrás se cometen contra la población, en el marco de la implementación del “Plan Patriota” y el “Plan Colombia”.

Frente a lo anterior, solicito a la Honrable Mesa Directiva de la Plenaria del Senado de la República :

1. Su pronunciamiento ante la Procuraduría General de la Nación , con el fin de requerir su intervención inmediata, para que se garanticen los Derechos Humanos de los ciudadanos que concurrirán a la citada audiencia; así como también en los procesos de judicialización que se adelantan contra la dirigencia de las organizaciones sociales, políticas y de defensores de derechos humanos de la región;

1. Requerir a los Organismos de Control del Estado, para que se active el sistema de “alertas tempranas”, en vista de que los hechos antes mencionados constituyen un inminente riesgo para la vida, la integridad y la seguridad personal de los líderes del movimiento social y político en el departamento de Caquetá.

Así mismo, demando del gobierno nacional, el cese de la persecución a los líderes sociales y políticos de oposición y, en especial contra los defensores de DDHH a través de montajes espurios, que lo único que busca es menguar la fortaleza de quienes nos oponemos al autoritarismo, la corrupción y la impunidad como medios ilegítimos de ejercicio del poder.

Anuncio que estaré recabando la intervención de los Organismos Internacionales de DDHH, a fin de que se provean las acciones tendientes a exigir del gobierno colombiano el respeto de los derechos humanos y las libertades públicas de los ciudadanos que militan en la oposición política o que defienden la vigencia y el respeto de los DDHH, lo mismo que el cese de la represión y el acatamiento de la Ley y la Constitución Política del país.

GLORIA INES RAMÍREZ RÍOS

Senadora de la República